Después de mi primera semana de cuarentena en Bucaramanga, por fin dejé de considerar que me encontraba realmente sin la posibilidad de regresar a mi rutina de universitario bogotano. Sentía una quietud inmensa desde un escritorio ajeno mientras veía por la ventana la inercia del paisaje que debía haber dejado desde hacía dos semanas: esperaba leer información de otro tema aparte del  Covid-19 en sí y, contrario a mi pesimismo, terminé encontrándome con una noticia que me llamó la atención: un estado de emergencia carcelaria decretado por el gobierno tras los motines del sábado 21 de marzo del cual habían resultado reportados 23 presos fallecidos y 83 heridos en distintas cárceles a lo largo del país, fotos de los rostros angustiados de los familiares ante la incertidumbre afuera de las cárceles, videos de enfrentamientos entre una horda furiosa de presos contra agentes del Inpec, entre otros.

Pero por encima de este evento de naturaleza difusa (dadas las distintas versiones sobre las causas de lo sucedido), en el marco de la coyuntura del Covid-19 se hizo visible, tanto para mí y muy probablemente para muchas otras personas, la fragilidad del sistema penitenciario y carcelario además de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población teniendo en cuenta las altas tasas de hacinamiento.

Por el carácter tan esporádico del interés sobre un tema tan convulso, caí en cuenta de que la crisis que desde décadas enfrenta el sistema carcelario y penitenciario colombiano no es, ni ha sido nunca, una preocupación que nos invada con frecuencia.

Este carácter selectivo, al igual que muchas problemáticas, es el reflejo de picos de interés producto, en algunos casos, de la sobrexposición de este tipo de eventos desde los medios de comunicación, la atención momentánea de gran parte del país por algún hecho fuera de las constantes de la crisis (violación de derechos humanos, altas tasas de  hacinamiento, la usual corrupción dentro de las cárceles, la inefectividad de la vigilancia electrónica y la ubicación domiciliaria, el déficit de guardias, las pocas oportunidades de resocialización, etc.) o, en tiempo de elecciones, el populismo punitivo que logra llamar efectivamente la atención de los electores prometiendo mayor castigo por ciertos crímenes en el caso de ser elegidos.

En este sentido, me pareció inconcebible la poca importancia que le prestamos como ciudadanos a la crisis del sistema penitenciario y carcelario en Colombia teniendo en cuenta que no se trata de un evento coyuntural en el que haya una o dos personas implicadas, sino de 187.477 a cargo del Inpec de las cuales, 118.769 se encuentran bajo castigo intramural en una infraestructura deficiente, sin una cobertura de servicios de salud, con altísimas tasas de hacinamiento, sin muchas oportunidades de socializar. 

La promulgación de leyes que contemplan más el castigo intramural y la crisis del sistema penitenciario y carcelario colombiano.

A pesar de la casi constante indiferencia por parte de la ciudadanía frente a la crisis, es aún más sorprendente que uno de los motivos que nos puede llevar a los colombianos a interesarnos momentáneamente en el sistema carcelario y penitenciario es una de las causas de la misma crisis: el impulsivo deseo de aumentar las medidas punitivas a los crímenes que merecieran un mayor castigo, según nuestro criterios, sin tener en cuenta la inefectividad de ese mecanismo para reducir el crimen en Colombia. Paralela a las esporádicas pretensiones de la población frente a las medidas punitivas, desde el inicio del siglo XXI se promulgaron muchas reformas legislativas que aumentaban el tiempo de penas del castigo intramural.

Uno de los libros que expone este fenómeno, El derecho penal de la cárcel Una mirada al contexto colombiano con base en el giro punitivo y la tendencia al mayor encarcelamiento de Norberto Hernández Jiménez, permite comprender que los impactos de dichas reformas legislativas van mucho más más allá del aumento del tiempo de penas en sí. Lo anterior, se debe, en parte, a que no logran reducir la tasa de los crímenes que contemplaban, salvo algunas excepciones mínimas. Pero, a diferencia del deseo de muchos colombianos por castigar aquellos crímenes específicos que “merecían mayores penas”, estas reformas punitivas aumentaron el tiempo de pena de todos los delitos en sí.

Al entender la inefectividad del aumento del tiempo de penas de las leyes 890 y 906 del 2004 (además de las leyes 1121 de 2006, 1141 de 2007, 1220 de 2008 y 1200 de 2008, expuestas en el libro de Hernández), se puede comprender el impacto que muchos no dimensionamos. En la primera ley, Hernández destacaba el hecho de que en el artículo 14 de la misma se “dispuso que todas las penas contempladas en el Código Penal (CP) se aumentarán en la tercera parte, respecto del mínimo y la mitad, respecto al máximo” (Hernández, 2018, pág. 255). De igual forma, en la segunda ley, Hernández resaltaba el hecho de que en ella se estipula el “aumento a la pena máxima de prisión, de 40 a 50 y 60 años (…)” (Hernández, 2018, pág. 259).

Consiguientemente, solo en estas dos leyes que abarcan un inmenso espectro de delitos, la inefectividad para reducir la tasa de los crímenes que contemplaban, contribuyó significativamente, de acuerdo con Hernández, en el aumento de la población a cargo del Inpec, ya que incrementaron el tiempo de las penas sin lograr reducir efectivamente el ingreso de personas a la cárcel por los mismos delitos. Tampoco, dichas reformas legislativas lograron aplicar la justificación, por parte del legislativo, del aumento de las penas: la justicia premial, importada del sistema de enjuiciamiento anglosajón, a aquellos que aceptaran la responsabilidad penal de los delitos que habían cometido para reducir el tiempo de sus condenas.