El reto de subsidiar una emergencia
La pandemia del Covid-19 ha sido un choque exógeno en materia social, económica y política para todas las naciones sin precedentes en la historia reciente. Este ha impuesto grandes retos a cada uno de los países dependiendo de su situación fiscal previa, junto con el modo de combatir los desafíos sociales que implican a corto, mediano y largo plazo para sobrellevar esta crisis. En este orden de ideas, en el caso de Colombia se ha recurrido a diversos tipos de incentivos, entre estos: los subsidios con la finalidad de velar por las poblaciones más vulnerables. De ahí que, el propósito del presente artículo es examinar los checks & balances de los subsidios, así mismo, responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se quitarán los subsidios? ¿Hasta cuándo será pertinente mantenerlos? ¿Es realmente una solución este tipo de incentivos? Y ¿Cuál es el papel de la empresa privada durante la coyuntura y post pandemia?
Desde la declaratoria de la emergencia nacional por cuenta del Covid-19, el Gobierno Nacional comenzó a brindar diversos tipos de subsidios con el único objetivo de la protección de las poblaciones con serias afectaciones en su bolsillo. Cabe resaltar que en Colombia el mercado laboral se encuentra caracterizado por la informalidad, tanto así que antes de la pandemia se encontraba en un 47.6% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). No obstante, las últimas cifras reflejan un crecimiento bastante pronunciado en el desempleo por la contracción que la economía ha sufrido por la pandemia constituyendo una cifra de abismal que para mayo de 2020 cerró en 21.4% mientras que para el mismo mes del año anterior era de 10.5%. A lo anterior, se debe tomar en consideración el choque petrolero que sufrió Colombia en los últimos años, debido a que su importancia radica en que parte de los ingresos estatales provienen de esta actividad extractiva. En síntesis, el panorama es alarmante por lo que se requiere una intervención focalizada hacia los grupos más vulnerables de la sociedad bajo el título de subsidios, incluso más bajo el marco de la emergencia sanitaria.
Durante la emergencia del Covid-19 el Gobierno de Colombia gestionó una serie de ayudas con el único propósito de mitigar las consecuencias económicas para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Por esta razón, nace Ingreso Solidario que consiste en otorgar una suma $160.000 pesos mensuales por el resto del presente año, lo que determinaría un total de $1.440.000 pesos anualmente para los beneficiarios, siendo estos quienes no se encontraban cobijados bajo ningún otro auxilio por parte del Estado. Actualmente, se ha llegado a 2,4 millones de hogares representando el 80% de la meta propuesta, constituyendo un costo para el Estado de alrededor de 4,5 billones. No obstante, este tipo de subsidios ha causado diversos problemas al momento de llegar a cada uno de los beneficiarios, en vista de que se han presentado problemas de asimetría de información, conflicto de prioridades, entre otros. Para ejemplificar, durante los tres primeros días del programa surgieron grandes inconvenientes, que llevaron a desmontar el aplicativo por parte de Planeación Nacional el 11 de abril del presente año.
Lo que nos depara el futuro
De la anterior iniciativa surgen algunos aspectos que cabe destacar; los subsidios han generado un impacto notable en la manutención de las población que dependen del día a día o quienes hacen parte del mercado laboral informal, siendo este auxilio su único ingreso en la pandemia para subsistir. De modo similar, surge una preocupación sobre las finanzas estatales dado el caso de la prolongación de la pandemia la cual obligue a que estos subsidios se perpetúen en el país. De ahí que, es fundamental la focalización de ayudas orientadas al sector privado, quien es y será el encargado de estimular la economía colombiana. Lo anterior, con la finalidad que durante el proceso de suprimir el programa de subsidios, el sector privado tenga la capacidad suficiente para la generación de empleo, de tal manera, que mitigue el golpe económico al que se enfrentarán los hogares al momento de dejar de recibir las ayudas. De este mismo modo, desacelerar el crecimiento en las cifras de desempleo que han ido en aumento en consecuencia de la pandemia y las numerosas restricciones impuestas.
En el proceso de apertura económica post-pandemia el sector privado tendrá un papel fundamental porque de continuar con restricciones que obstaculicen laborar, las cifras de desempleo seguirán en aumento, y por ende nos enfrentaremos a un posible incremento en las cifras de pobreza y desigualdad en el país. En efecto, si se focalizan las ayudas únicamente con el fin de auxiliar a las personas, dando solución al problema económico a corto plazo, posteriormente, cuando el Estado se vea obligado a dar por terminado el programa de ayudas nos encontraremos con un débil sector privado que aunque ha recibido algunos auxilios, las cifras de desempleo representan el gran choque que han generado las restricciones en la búsqueda de combatir la pandemia. En consecuencia, este ente generador de empleo necesario para lidiar con la situación económica a la que se verá enfrentada el país, no contará con la debida competencia para subsanar los efectos que ha generado la pandemia en materia de empleo y que ya son noticia en el país.
Es por eso, que debe existir un equilibrio para cuidar el comercio y las empresas, y de esta forma distribuir las ayudas del Estado para que de forma paulatina, si bien se ayude a los hogares más vulnerables, se fortalezca y se impida aún más el debilitamiento del sector empresarial que al final es el encargado de la generación de riqueza en un modelo productivo. De igual forma, una flexibilización del sistema laboral, supondría de gran ayuda para reducir los costos de contratación que reflejan actualmente ser los grandes causantes de la existencia de la informalidad pronunciada que caracteriza al mercado laboral colombiano.
Una propuesta para combatir y hacer frente a los desafíos que ha impuesto la crisis económica que conlleva la emergencia sanitaria es el desarrollo de proyectos de infraestructura en nuestro país bajo una Alianza Público-Privada (APP). Puesto que, constituyen un doble efecto, es decir, en primer lugar buscan crean una amplia cantidad de empleos formales, ya que requieren una alta cantidad de mano de obra no calificada de la región. En segundo lugar, al largo plazo ayudan al desarrollo de la infraestructura vial generando un mejoramiento en la movilización del comercio que se exporta hacia otras naciones, lo que hará que se reduzcan los fletes, y llevará a una mayor competitividad de Colombia en el mundo. Adicionalmente, se debe considerar el progreso y equidad que traerá para cada una de las regiones aledañas a los diferentes proyectos rompiendo con la brecha entre periferia y centro.
Finalmente, los subsidios y adicionales ayudas del Estado suponen un gran auxilio para los hogares en esta coyuntura que más lo necesitan, pero a su vez estos pueden generar unos incentivos perversos creando la perspectiva de un Estado asistencialista, dando lugar a la posible perpetuidad de estas ayudas si se permite aún más el debilitamiento del sector empresarial que sigue en un fuerte decrecimiento dadas las restricciones que aún son impuestas en las ciudades a causa de la pandemia. En esta medida, existe una gran preocupación sobre el cómo y cuándo se darán por terminadas estas ayudas, lo cual dependerá de la evolución de la emergencia y si de igual forma levantar las restricciones que se han impuesto darían fin de manera inmediata a los programas creados por el gobierno en atención a la pandemia.
Sin lugar a duda, la efectividad de estas ayudas y los resultados de la gestión frente a la emergencia se verán reflejados cuando se dé por terminada la pandemia dadas las cifras de desempleo y pobreza que se registren para ese momento. Por consiguiente, se debe comenzar con una reactivación económica que permita a las personas comenzar a laborar de manera segura, junto con nuevos métodos de adaptación que acaben con las ideas del confinamiento obligatorio que tanto ha golpeado a la economía de las familias y del país en general.
