En comparación con los demás países de América Latina Colombia resaltó en el aumento del gasto social significativamente, pero también atravesó por una crisis económica entre 1998 y 1999 que no fue generalizada entre los demás países sino que fue propia. Al respecto, la desaceleración y posterior recesión económica que supuso la crisis hicieron que la pobreza en Colombia superará el promedio de América Latina y fuera considerada una de las más desiguales de la región. En consecuencia, “las zonas rurales alcanzaron índices de pobreza y pobreza extrema de 78.1% y 48.6% respectivamente (…) se fue reduciendo el índice de desigualdad, de manera que para 2005 contaba con un Gini de 0.55” (Núñez, 2009, p.32).
En adición, al interior del país al tener en cuenta las diferencias regionales hay importantes contrastes y las brechas aún son amplias, a pesar de que en términos de condiciones de vida y acceso a servicios públicos el país ha experimentado una mejoría. Por ejemplo, el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas de Chocó era de 80% para el 2009 a diferencia de Antioquia que contaba con 22% (Bernal et al, 2009, p.11). En otras palabras, el nivel de pobreza y la distribución estuvo relacionada con la recesión de 1998-1999 y su principal causa se debió al exceso de endeudamiento en moneda extranjera del gobierno en los cinco años anteriores a 1999, lo que influyó negativamente en la pobreza y la distribución de ingresos.
Programas de apoyo social
Con el Constituyente del 91 el Estado reconoció que era su función generar una mayor redistribución del ingreso y una mejor equidad, es decir, “una mejor distribución de bienes, servicios, factores y oportunidades entre los miembros de una sociedad” (Vallejo, 2014). Más aún, los fundamentos económicos que sustentan este hecho se basan en que los mercados sin intervención no cumplen un papel efectivo en la generación de igualdad de oportunidades, en la redistribución del ingreso y en generar equidad. De manera que, “desde los años 80 y 90 Colombia ha progresado en la formación de programas sociales, pero aumentó a partir de la Constitución de 1991 y ha logrado avances en asistencia escolar primaria y secundaria, en acceso a la seguridad social en salud, en disminución en la mortalidad infantil y aumentos en la cobertura de infraestructura básica y esperanza de vida” (Bernal et al, 2009).
Si bien el Estado con la innovación del GPS aumentó en gran medida con la Constitución se presentaron algunas fallas, una de ellas es que a la par no estuvo acompañado de una eficiencia en el gasto. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en el caso de la educación que a pesar del aumento en el gasto no hubo cambios importantes en las coberturas desde 1991. En general, en materia de reducción de pobreza, desigualdad, informalidad, desempleo o cobertura estuvieron acompañados de una menor eficiencia del gasto evidenciado en los problemas de focalización. Que se vieron fuertemente perjudicadas por la crisis de 1998-1999, por lo que el gobierno empezó a crear programas anti-pobreza para contrarrestar esta situación.
Asimismo, se crearon programas como la Red de Apoyo Social (RAS) que se puso en marcha en el 2000 para mitigar los efectos negativos del ciclo económico a través de tres programas: Jóvenes en Acción, Empleo en Acción y Familias en Acción. Teniendo el último de ellos una evaluación de impacto positiva que ha contribuido a aumentar la asistencia escolar y ha tenido impactos nutricionales en los niños. También, “la Red Juntos que incentiva la acumulación de capital humano, la generación de ingresos, el progreso familiar y el acceso a la justicia, la banca y el crédito” (Gaviria, 2016, p.29). También se creó el Sisbén como respuesta a los cambios institucionales de la Constitución del 91 que hicieron necesario el desarrollo de una herramienta que ayudará a focalizar los recursos que incluía en su medición factores como vivienda, servicios, capital humano e ingresos. Pero en su implementación se empezaron a evidenciar manipulaciones, corrupción, clientelismo.
Finalmente, el excesivo endeudamiento del gobierno y el sector privado tuvieron un efecto muy negativo en la pobreza y la distribución de ingresos. A pesar de que con la creación de estos programas y su implementación se lograron resultados para contrarrestar los efectos negativos del ciclo económico, aún se debe garantizar una mejor focalización del ingreso. La focalización es uno de los mecanismos más eficaces para disminuir la pobreza y la desigualdad, se necesita más esfuerzo para focalizar mejor los programas sociales. Ha habido una baja responsabilidad y desperdicio de los recursos y un desequilibrio del gasto social en salud y educación, pero esto no ha implicado una buena calidad ni amplia cobertura en la prestación del servicio mientras que sí ha interferido en la asignación eficiente de los recursos para reducir la pobreza.
