La Constitución Política vigente en el país se adoptó en un momento en el que se vivía una gran conflictividad social, se rechazaba la violencia generalizada que tenía origen en parte en el diseño institucional y se reclamaba por una Constitución más moderna. Aun así, 28 años más tarde muchos de los problemas de violencia siguen sin resolverse porque la Constitución está enraizada en la violencia colombiana del siglo XX extendiéndose hacia el siglo XXI. En este sentido, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución son parte fundamental del proyecto de Estado y sociedad en el entendido de que el Estado está al servicio de todas las personas que habitan su territorio y debe ser garante de su bienestar integral.
Una de las grandes innovaciones del derecho constitucional colombiano se advierte con la inclusión del artículo 22 que se refiere a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y que además, implica la realización de otros derechos como el de la vida, la igualdad y la justicia, entre otros.
La paz como valor, deber y derecho
La paz se ha constituido como un gran motor político y normativo en la historia de nuestro país con múltiples formas que la revisten y visiones que la agrupan. Por una parte, se puede contemplar la paz como valor, por otra como deber y finalmente como derecho.
En primer lugar, la paz como valor es indispensable para nuestro país porque guía la construcción de lo político y lo social. En segundo lugar la paz es un deber en el sentido de que todos los miembros de la sociedad deben respetarse y no perturbar el orden social, es decir, no cometer delitos ni infracciones policivas (Cabra, 2015). En este orden de ideas el Estado debe igualmente garantizar este derecho a todos los habitantes.
En tercer lugar, la paz como derecho puede ser incluido en la categoría de derecho humano, derecho constitucional y derecho fundamental. Pero como derecho fundamental encierra una situación compleja de aspectos sin resolver desde la teoría de los derechos fundamentales como lo afirma Moreno (2014) porque un derecho fundamental se caracteriza por la existencia de una norma jurídica, una obligación jurídica y una posición y en este caso es difícil responder a cada una de los elementos y más a falta de una ausencia de consensos. Aún así, la Corte Constitucional ha evadido un poco esta discusión y a veces incluso ha descartado la naturaleza de derecho fundamental de la paz atribuyendo que su efectividad depende de la realización de otros derechos como los mencionados anteriormente.
