Actualmente el medio ambiente de calidad se está convirtiendo en un bien escaso, por lo cual ha sido de suma importancia empezar a darle valor monetario a los recursos naturales y utilizar estrategias para evitar su deterioro y darle un mejor uso. Colombia como el segundo país más biodiverso tiene grandes retos en esta materia.
La economía ambiental es la incorporación del medio ambiente como objeto de estudio en la economía. Esta se basa en la propuesta del modelo neoclásico en donde se toman conceptos como escasez y se valoran los bienes según la abundancia y rareza. En este sentido, cuando los bienes son escasos se consideran bienes económicos y cuando son abundantes no lo son. Teniendo en cuenta que actualmente algunos recursos naturales han empezado a escasear, se les asigna un valor monetario, en este caso un precio o tarifa en pesos colombianos que tiene en cuenta las externalidades generadas al momento de efectuar alguna actividad, dando como resultado una definición de precios y derechos de propiedad.
Es así como la economía ambiental encuentra el vínculo entre la calidad ambiental y el comportamiento económico de los agentes de manera individual y colectiva. Asimismo, también busca generar iniciativas de política ambiental que tengan en cuenta los costos del deterioro y el control del ambiente, la totalidad de los beneficios derivados de la protección de los recursos y el ambiente, además de los beneficios que traen para cada sector productivo y los recursos a los cuales podrán recurrir las presentes y futuras generaciones.
En la constitución política de Colombia, el artículo 80 establece que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. Asimismo, en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993 se determinó como principio general de la política ambiental colombiana fomentar la incorporación de los costos naturales y el uso de instrumentos económicos para la conservación y restauración del deterioro ambiental.
Parte de estas tareas dispuestas fueron designadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se creó como un organismo encargado de la gestión de los recursos naturales y el ambiente, además de la definición de las regulaciones bajo las cuales se determinarán aspectos como la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación. Es así como bajo el artículo 5 de la misma, se determina que es función del Ministerio de Ambiente “establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables”.
Asimismo, actualmente a nivel jurídico existen dos resoluciones para cuantificar el valor económico de las afectaciones sobre bienes y servicios ambientales. La primera de ellas es la Resolución 1669 de 2017 en donde se establecen los criterios para llevar a cabo actividades que requieran de licenciamiento ambiental, teniendo en cuenta los impactos positivos y negativos de las actividades realizadas. La segunda es la resolución 1084 de 2018 en donde se hablan de las metodologías que serán utilizadas para valorar los costos económicos del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales.
En Colombia ya han sido utilizadas estrategias provenientes de la economía ambiental para darle solución a las problemáticas ambientales actuales. Una de ellas es la guía de valoración económica ambiental en donde se expresa a nivel monetario las ganancias de bienestar social producidas al proteger el medio ambiente así como también sus pérdidas. Esto brinda la información necesaria para tomar decisiones de política ambiental, además de determinar la viabilidad de los proyectos a implementar. Esta herramienta estima un valor a los bienes dependiendo de las variaciones en el bienestar social por efecto en los cambios en la calidad o cantidad de servicios ecosistémicos. A partir de esto determina un contexto y una metodología a implementar que son información valiosa para la toma de decisiones o la evaluación de proyectos o políticas públicas.
A pesar de los beneficios que trae consigo, también presenta limitaciones como enfrentarse a dar un valor económico subjetivo que puede variar entre los individuos, la sociedad y el tiempo, es decir frente a condiciones particulares. Asimismo, no tiene en cuenta que las dimensiones de bienestar humano no son conmensurables a una única medición. Esto y el poco seguimiento que se le hace a los proyectos basados en economía ambiental hacen que Colombia todavía tenga un largo camino que recorrer para implementar de manera óptima esta herramienta que puede ser de gran utilidad en países con muchos recursos naturales en Colombia.
Un ejemplo de la aplicación de la economía ambiental es el uso de la tasa redistributiva como instrumento económico establecida en la ley 99 de 1993. Esta herramienta permite cobrar por la utilización directa o indirecta del recurso o por la compensación de los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de estos. En este sentido, el Estado cobra por el servicio de usar el medio ambiente como vertedero y esos recursos son dirigidos a las autoridades ambientales regionales.
Esta herramienta es utilizada al momento de hacerle frente a la contaminación hídrica del río Bogotá, dado el fuerte impacto negativo que genera en la salud humana cuando se consume el agua y en la biodiversidad que habita en los afluentes colombianos. Es por esto que la contaminación del río Bogotá toma relevancia y se empieza a buscar maneras de intervención. El río es fuente de agua para la ciudad pero a medida que sigue su curso se recibe altas concentraciones de aguas residuales industriales, materiales sólidos insolubles en agua y aguas negras. La economía ambiental entra a evaluar los costos de la contaminación del río. En el caso del río Bogotá, el primer costo son los impactos sobre la salud en donde, según el estudio de Barrera, el costo total de tratamiento médico para compensar los efectos en la salud causados por la contaminación hídrica representan alrededor de $1,146 millones anuales para las localidades de Fontibón, Kennedy y Engativá. También un estudio de Sabogal indica que los costos registrados de enfermedades causadas por el consumo de agua en zonas ribereñas del río Bogotá son de $104 millones anuales aproximadamente.
Asimismo, se incluye el incremento en los costos de tratamiento de agua, equivalente a $4,000 millones anuales aproximadamente por concepto del tratamiento del agua en la planta de Tibitó,la desvalorización de tierras, la disminución del 15% de la actividad pesquera del río Magdalena, los impactos en áreas recreacionales y turísticas, los efectos en la operación y mantenimiento de hidroeléctricas por y los impactos en la productividad agrícola. Teniendo en cuenta esto, se espera hacer uso de la tasa redistributiva para corregir los comportamientos que provocan los daños asociados a la contaminación del río Bogotá. Se busca que esta tasa sea el incentivo adecuado para convencer a las curtiembres (una de las principales causantes de la contaminación del río) a hacer uso de tecnología limpia.
Así, los instrumentos económicos como la tasa redistributiva son una herramienta útil que permiten lidiar con los problemas de seguimiento y control de las medidas. Estos tienen la ventaja de darle más posibilidades a los tomadores de decisiones y demás entidades de tomar decisiones o perseguir algún objetivo. En tiempos en donde cada vez se hace más evidente el deterioro ambiental y la sobreexplotación de los ecosistemas estos pasarán a ser de suma importancia para redireccionar la manera en la que hacemos uso de la naturaleza y ayudarán a buscar soluciones para lidiar con la crisis climática ya anunciada por las Naciones Unidas y la comunidad científica en los últimos años.
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