A lo largo de nuestra historia como país hemos enfrentado el flagelo de la producción y el tráfico ilegal de estupefacientes. Lo anterior, ha llevado a la creación de diversas políticas de gobierno durante los últimos 30 años que han intentado atacar de una manera certera y fuerte esta gran problemática, el punto en común de estas ha sido reducir la producción de coca, junto con el tráfico de estuperfaciente al máximo posible. Un ejemplo de esto es el Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana, el cual tuvo la finalidad de crear una estrategia antinarcótica con apoyo del gobierno norteamericano. Sin embargo, de la gran mayoría de estas iniciativas solo ‘queda el cansancio’; tanto así que actualmente Colombia es considerado el productor número uno de drogas alrededor del mundo con un total de 208.000 hectáreas.

Una vez contextualizado, es importante saber qué medidas está tomando actualmente Colombia frente al narcotráfico. Así pues, el presidente Iván Duque en abril del 2019 da inicio la tercera fase de la Operación Orión contando con el apoyo de diecinueve países, dentro de los cuales se destacan Estados Unidos, Francia y Holanda. El objetivo de esta operación era la interceptación en aguas internacionales del Océano Pacífico y el Mar Caribe de cargamentos de coca, sus considerables resultados fueron la incautación de más de 235 millones de dosis de coca, y 26.7 toneladas de marihuana. Es evidente, que el gobierno Duque está comprometido de forma firme contra el decrecimiento de la producción y tráfico de drogas. De tal forma, no es nada nuevo que nuestro país participe en este tipos de operaciones contra el tráfico internacional de drogas que de seguro dejará resultados relevantes. En suma, estas clases de medidas van acompañada del cerco diplomático promovido por Colombia hacia el régimen inconstitucional de Maduro, el cual es considerado por los órganos de inteligencia estadounidenses como un objetivo relevante en la cadena del tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos (ver aquí). 

A principios del mes abril del presente año en medio de una dolosa crisis de salud pública a nivel mundial gracias a la pandemia del COVID-19, el gobierno norteamericano anunció e inició una de las operaciones más relevantes contra el tráfico de drogas en los últimos años en Latinoamérica. Esta se encuentra dirigida por el Comando Sur de los Estados Unidos en cabeza del general Craig S. Faller, y fue calificada por el presidente Trump como “Operación antinarcóticos ampliada”. Su significado hace referencia al inmenso despliegue operacional en materia de infraestructura militar correspondientes a las cuatro fuerzas armadas. De ahí que, el mandatario americano fue enfático en que el objetivo era duplicar la capacidad operacional en la región que exporta droga hacia aguas internacionales, en especial, el Océano Pacífico y Mar Caribe.

Lo más polémico de la Operación antinarcóticos ampliada es el inmenso despliegue de fuerzas y tropas. Según Mark Milley, jefe del Estado se trasladaron miles de guardacostas, marinos, soldados de infantería, y fuerza área (ver aquí) .En este sentido, se enviaron barcos destructores con capacidades para realizar operaciones multimisión, buques de combate litoral como naves de rápido alcance, y barcos guardacostas para garantizar la protección de los miembros de la misión. En cuanto a la capacidad aérea, se destacan Aviones P8 con una amplia capacidad ofensiva, Aviones E-3 Awacs y E-8J Stars como aeronaves de vigilancia y control.

No obstante, las reacciones a esta radical medida surgieron de manera casi inmediata donde se producen dos posiciones bastante relevantes. La primera, argumenta que la operación se debía desarrollar por el Océano Pacifico debido a que es la ruta donde transita la droga de forma más pronunciada. Ahora bien, según el documento oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos la operación tendrá impacto tanto en el Pacifico como en el Caribe (ver aquí). La segunda, muestra un apoyo total a la iniciativa tomada por el gobierno norteamericano, y pide el respaldo de países para que sea una operación a gran escala, debido a que Trump considera que “Mientras los gobiernos y naciones se enfocan en el coronavirus, hay una creciente amenaza que los cárteles, criminales, terroristas y otros actores malignos tratarán de aprovechar la situación para su propio beneficio” (ver aquí).

Esta operación constituye un duro y contundente mensaje hacia el régimen de Maduro, y los carteles. En primer lugar, no es un llamado de atención sino una presión de una amplia cantidad de países que pasó “del dicho al hecho”. Según el fiscal Willian Barr “Durante años, los carteles han usado estas rutas para traer la cocaína principalmente desde Colombia, pero ahora también desde Venezuela”(ver aquí). Indudablemente, Maduro ha demostrado a Colombia y los Estados Unidos que están tratando con un gobierno que es traidor a sus compromisos internacionales, su población y la lucha antidrogas. Debido a que, Maduro y sus aliados son exportadores de droga a nivel mundial, tanto así que son considerados Estados Unidos como líderes del cartel de Los Soles especialistas en exportar coca a gran escala.

Lo anterior, tiene su origen en las recompensas ofrecidas por el Departamento de Estado americano por Nicolás Maduro, altos miembros de su cúpula militar y dos líderes de las extintas FARC (ver aquí). Sin embargo, este tipo de gobiernos a pesar de los múltiples campanazos de alerta por parte de la comunidad internacional siguen firmes en su posición autoritaria. Su típica excusa es que se ven amenazados por el imperio estadounidense, como lo manifestó el embajador de Maduro ante las Naciones Unidas. Ahora bien, esta operación será apoyada por más de 22 naciones asociadas que muestra el compromsio con un problema mundial que se desea reducir radicalmente. En realidad, este tipo de presión podría ser una luz de esperanza para un gobierno de transición en nuestro vecino país.

El papel de Colombia es fundamental en esta operación debido a que es el socio más importante en la región del gobierno Trump frente a dos enemigos en común: el tráfico de drogas y Nicolás Maduro. De tal manera que no cabe duda que el Gobierno Nacional le brindará todo el apoyo a esta iniciativa de nivel internacional, ya que según Duque “La lucha frontal contra el narcotráfico es multinacional, de coordinación y de responsabilidad compartida entre todos los países”(ver aquí) .Esto implica la continuación de las operaciones militares para la vigilancia, captura de cargamentos de droga, y la interrupción de estos por parte de las Fuerzas Armadas en este tiempo de pandemia como objetivo de seguridad nacional.

En la actualidad se pueden evidenciar los resultados del primer mes de la operación, que sin duda son sobresalientes. Según la Armada Nacional de Colombia (ver aquí), se incautaron más de dos toneladas de coca en el Atlántico con un valor total de 74 millones de dólares gracias a esta operación multinacional. Otro ejemplo, fue el decomiso de la embarcación proveniente de Venezuela en las costas de Vigo con cuatro toneladas de droga, como también la confiscación de dos aviones provenientes del Estado de Zulia en Guatemala. Tanto éxito ha tenido la operación que James Story, encargado de Estados Unidos para Venezuela, afirmó: “hemos incautado un valor de 165 millones de dólares en drogas (ver aquí). Cabe resaltar que el anterior esfuerzo por parte de los Estados Unidos y Colombia se traduce en la protección de vidas no perdidas alrededor del mundo.

A pesar de los relevantes resultados, la operación debería considerar dos factores fundamentales. En primer lugar, se debe desarrollar una política fronteriza conjunta donde se pasa a una protección fuerte de las fronteras con nuestros países vecinos. Debido a que, las alianzas que tenemos actualmente lo único que permiten es el traspaso de información entre agencias de inteligencia. Se consideraría pertinente nuestros países vecinos como: Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, y Venezuela. Sin embargo, en el caso del último de estos es improbable debido a que las relaciones diplomaticas con el régimen de Maduro están vetadas, y es este mismo quien tiene el dominio sobre las  fuerzas armadas. La importancia de un fortalecimiento fronterizo radica en que los grupos ilegales que exportan este tipo de drogas querrán escabullirse e intentar exportarlos por otras fronteras de países vecinos donde la intensidad de la operación desarrollada sea mucho menor. De ahí que, una operación anexa incrementaria notablemente la efectividad.

El otro aspecto fundamental es la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas involucradas, debido a que se debe garantizar la plena transparencia en esta operación en cuanto al número de incautaciones, número de capturados, entre otros factores. Por lo que, se debe crear una auditoria certera entre los países miembros que ejerza la vigilancia y el control. Es importante resaltar, que este tipo de iniciativa es fundamental para garantizar el respeto de los Derechos Humanos a los capturados por parte de las autoridades, ya que esta operación en su totalidad debe de respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Sin duda, el compromiso del gobierno de Colombia y los estados unidos es contundente contra el tráfico ilegal de droga, siendo uno de los rubros importantes para Maduro. Por consiguiente, como se puede afirmar que es lo mismo 165 millones de dólares en toneladas incautadas en altamar, que las mismas en las ciudades colombianas y alrededor del mundo afectando a nuestros jóvenes, niños, y a la sociedad en general constituyendo un problema de salud pública. De ahí que no hemos fracasado en la lucha antidrogas, sino que el gobierno Duque está luchando con más fuerza con la colaboración de sus aliados para la seguridad, legalidad y el orden en Colombia como en Venezuela que todos anhelamos.