Cadena Perpetua para violadores: Vientos de populismo
Pongamos todas las cartas sobre la mesa
Durante un arduo proceso se ha hecho realidad una de las propuestas más llamativas desde la campaña del actual presidente Iván Duque, la cual es: la cadena perpetua para violadores de niños, sin duda alguna un crimen punible desde todas las ópticas posibles. Después de múltiples debates en el Congreso de la República, acompañado de grandes enfrentamientos entre diferentes bancadas políticas tanto al interior como al exterior de las mismas, el miércoles 22 de Julio del presente año el presidente promulgó la ley para la imposición de la cadena perpetua para violadores de menores de edad.
La decisión tomada por Duque implica el cambio y la modificación del artículo 34 de la Constitución Política, que señala: “Se prohíben las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua (…)”. Es de suma importancia comprender que las penas para este delito tenían un máximo de 60 años de prisión, debido a una sucesión de endurecimiento de penas que se ha desarrollado durante las últimas décadas en nuestro país en la mayoría de atentados contra la ley. Sin embargo, la criminología demuestra que aumentar las penas de un delito no tiene efectos directos en la reducción del mismo, además al considerar que el sistema carcelario y judicial no están preparados para este tipo de iniciativas que incrementarán el déficit actual.
La violación de menores edad ha sido una problemática recurrente en nuestra nación. Según estimaciones de Medicina Legal durante el 2019 se registraron más de 22.000 delitos sexuales contra menores de edad, y 708 murieron violentamente (ver aquí). Hasta cierto punto, estas
cifras causan impresión, dolor y repudio. Pero, al analizar la cifra de impunidad con la finalidad de analizar el panorama de forma completa, y fomentar políticas eficientes más allá de los vientos de populismo por parte del Gobierno Duque. En este orden de ideas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar enfatizó: "98 por ciento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en impunidad”, cabe resaltar que el número es mayor partiendo del principio básico donde el nivel de denuncia es inferior a los casos que ocurren.
Bajo las anteriores consideraciones, y poniendo todas las cartas sobre la mesa es bastante notable que los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional tienen un enfoque totalmente errado, que se analizará con detenimiento más adelante. De ahí que, el presente artículo busca considerar el papel de la víctima como columna vertebral.
¿Por qué es inane la cadena perpetua para violadores de menores de edad?
La cadena perpetua la debemos considerar como una opción de política transversal, más no como la única solución para enfrentar la problemática. En este orden, es pertinente traer a colación una enseñanza de clase de Margarita Zuleta, que consta en el siguiente principio: “Cuando se selecciona una opción de política pública, automáticamente estoy rechazando la otra”. Lastimosamente, en nuestro país hemos rechazado las otras alternativas de política para enfrentar la violación de menores de edad por la cadena perpetua para violadores de menores de edad. Por esto, en la actual sección examinaremos con detenimiento la cadena perpetua como alternativa propuesta por el Gobierno Nacional.
Según las cifras expuestas en la primera sección del artículo podemos examinar que la focalización de la política propuesta por el Gobierno Nacional es errada. Lo anterior, debido a que se debe considerar los exorbitantes índices de impunidad como prioridad en la agenda que es mayor al 98% de los casos, y no concentrar esfuerzos en el 2% restante que se encuentra en disputa judicial. En otras palabras, estamos gastando esfuerzos donde no hay futuro alguno, es decir, que estamos concentrados en 2 violadores, mientras que 98 andan libremente por la calles de nuestras ciudades, y posiblemente reincidiendo en el delito. En este punto me surge la siguiente pregunta: ¿A dónde deberíamos invertir los esfuerzos?
La respuesta de la primera pregunta nos lleva a considerar la problemática como un sistema. Para esto, debemos considerar al célebre profesor y autor Mark Kleiman quien demostró que la disuasión del delito se da por la rapidez y certeza del castigo. Aunque, en nuestro país esto parece una “misión imposible” por un sistema judicial con fallas bastante pronunciadas que no garantizan rapidez alguna, se deberá invertir esfuerzos en aumentar la probabilidad de captura de los victimarios, un proceso de denuncia mucho más sencillo para reducir el tiempo de judicialización de los acusados con el único propósito de resguardar a nuestros infantes.
De modo similar, debemos considerar dos ámbitos fundamentales: económico y social que implica la medida. En el primer ámbito, debemos partir del supuesto que no nos encontramos con la mejor salud en la finanzas públicas, tanto así que Leopoldo Fergusson profesor de la Universidad de los Andes resalta “tenemos un sistema fiscal que no da abasto”. Según aproximaciones realizadas por múltiples estudios el valor por persona dentro del sistema carcelario es más de 11 millones de pesos anualmente, y tiene un déficit de 12 billones de pesos actualmente (ver aquí). Esta dinámica económica, implica una pésima distribución de los recursos provenientes contribuyentes, más aún cuando la pandemia ha impuesto una presión sin precedentes sobre las finanzas públicas que será bastante pronunciada en los siguientes años.
En la otra cara del problema, se encuentran las filas de víctimas anhelando acceder a la justicia e indirectamente afectadas por una mala distribución del gasto que sale de nuestros impuestos. Ahora bien, ¿Qué hacemos?
La respuesta es bastante simple invertir en la reducción de la impunidad de los casos de violencia sexual contra menores (98%), por medio de los mecanismos que se anunciaron anteriormente. Para esto, ningún agente (2% violadores) empeora su bienestar, y por lo menos un agente mejora su bienestar (98% violadores), con la única finalidad de que la sociedad como un todo mejore, es decir, una mejora paretiana.
¿Y el populismo?
Con toda la evidencia que anteriormente se expuso, se puede concluir que no es una política rentable en términos sociales, económicos, entre otros. No obstante, en términos políticos y de favorabilidad política es bastante rentable. En este orden, le brinda al gobierno Duque la “hazaña” de reformar la Constitución Política para atacar un flagelo inmenso en nuestro país. Por lo que, una buena pregunta será la siguiente: ¿Sí esta política no es eficiente y eficaz, por qué seguir en pie con ella? En conclusión, no se logrará nada sino empeorar el problema y cómo se diría de manera coloquial: “buscar tapar el sol, con un solo dedo”.
