“En este humedal se refleja una lucha entre las obras de expansión, el juego político y la vida de uno de los ecosistemas más imperantes para la conservación y equilibrio del medio ambiente de Bogotá.”
En el día de hoy, se observan líneas de pavimento que se van expandiendo cada vez más, acaparando la naturaleza y reemplazandola por cemento. Allí se encuentran estancadas grandes maquinarias de construcción y obras abandonadas cuyos residuos y óxido se acumulan en el humedal, al igual que los desechos depositados por los mismos ciudadanos. En este humedal se refleja una lucha entre las obras de expansión, el juego político y la vida de uno de los ecosistemas más imperantes para la conservación y equilibrio del medio ambiente de Bogotá.
En el día de hoy, se observan líneas de pavimento que se van expandiendo cada vez más, acaparando la naturaleza y reemplazandola por cemento. Allí se encuentran estancadas grandes maquinarias de construcción y obras abandonadas cuyos residuos y óxido se acumulan en el humedal, al igual que los desechos depositados por los mismos ciudadanos. En este humedal se refleja una lucha entre las obras de expansión, el juego político y la vida de uno de los ecosistemas más imperantes para la conservación y equilibrio del medio ambiente de Bogotá.
La expansión urbana ha sido un fenómeno de crecimiento acelerado cuyo manejo ha consistido en el reemplazo de riquezas naturales por más zonas de industria y vivienda sin ningún parámetro que proteja los ecosistemas afectados. Así, humedales como Juan Amarillo, han constituido estos sistemas damnificados por la corriente expansionista de planeación territorial. Este fenómeno ha minimizado las propiedades en la conservación ambiental, la regeneración de oxígeno, la absorción de aguas lluvia en temporadas invernales, la regulación, retención y limpieza del río Bogotá y la conservación de ecosistemas para cientos de especies. Estas son cualidades que, precisamente en esos momentos, son extremadamente valiosas, pues nos encontramos en un contexto donde el calentamiento global crece de manera amenazante, la calidad del aire en el área metropolitana se encuentra en declive e incluso, la escasez del agua convierte dicho recurso en un objeto monetizado en el mercado internacional. Tal es el panorama que el 10 de diciembre de 2020, el agua llegó a la Bolsa de Nueva York a un precio de US$486,5 por acre-pie.
La situación jurídica del humedal Juan Amarillo es otro ámbito que va cuesta abajo. A pesar de ser declarado Reserva Ambiental Natural mediante el Art. 1 del Acuerdo 19 de 1994, de estar bajo la “protección” de la Política Nacional de Humedales Interiores y de contar con el amparo internacional para su conservación; este ha sido víctima de múltiples proyectos de expansión urbana, construcción de vías, vertimiento de aguas contaminadas y desechos e incluso ganadería extensiva. Así, el problema jurídico en el que se encuentra el humedal gira entorno a la incapacidad legal de propender por su protección tangible y necesaria; pues a pesar de que las leyes en papel declaran el carácter intocable del humedal, estas pueden ser modificadas por diferentes actores tanto políticos como económicos cuyas facultades permiten redirigirlas al beneficio de sus intereses. Entre estos actores, resalta Enrique Peñalosa durante su periodo de alcaldía, los cuales fueron marcados por diferentes ecocidios que previamente habían sido legitimados a través del Decreto 565, el cual autoriza la intervención del humedal con fines recreativos.
Por consiguiente, con el plan Maestro Santafé I desecaron el tercio alto del humedal, arrancaron su fauna y flora y contaminaron 700 mil toneladas de tierra con alto valor biológico; todo esto para construir una piscina artificial como escenario deportivo de actividades náuticas. Dicho ecocidio[1] fue justificado por la Corporación Autónoma Regional, la cual otorgó licencias de intervención sin tener jurisdicción sobre la zona. Luego, durante su reciente mandato, Peñalosa inició la contratación y construcción de un parque y puente peatonal que actualmente se encuentra en un 70% construido. Además, de acuerdo con el informe realizado por la Personería de Bogotá, el mismo ente de control Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab) y el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), autorizaron la contratación de dos puentes, tres miradores, una calzada de tres metros de ancho para peatones y ciclistas, baños, redes hidrosanitarias, etc. Esto, sin ni siquiera considerar la recuperación del cuerpo de agua.
Sin más, estas prácticas que han atentado contra el Humedal se han justificado desde perspectivas que ponen en superioridad las necesidades materiales, desprestigiando la magnitud de los dotes naturales y su crucial funcionamiento en la constante regeneración del medio ambiente en el cual vivimos. Entonces, por medio de la denigración pública, las cabezas de mando impulsan a un pensamiento generalizado de la población bogotana y el imaginario colectivo de que los humedales son simplemente un potrero de lodo, que daña la imagen de la ciudad; tal como declaró Enrique Peñalosa a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, acreditan este razonamiento bajo la consigna del expansionismo urbano y la necesidad de abrir espacios de conectividad y a su vez promover la apropiación y conciencia del espacio. Sin embargo, lo que ocurre es que esto no contribuye a la creación de sentido de pertenencia sino a una vía de mayor contaminación, pues la apropiación invasiva del territorio da ejemplo a la ciudadanía de una supuesto superioridad de imposición sin importar las consecuencias ambientales, que a fin de cuentas, traerán devastadoras condiciones para la actual y las futuras generaciones.
No obstante, es necesario recalcar que, durante la Pandemia, la Secretaría Distrital de Ambiente suspendió las obras que se adelantan en la zona dadas las inconsistencias el carácter jurídico de las autorizaciones ambientales. Por lo cual, dicho terreno fue sellado. Ahora se encuentra el dilema entre continuar con las edificaciones, dejarlas en su condición actual o deconstruir y reparar el daño ambiental. Ante dicha situación y la inconsciencia histórica de varias de las autoridades, se han manifestado desde los mismos habitantes de la zona hasta múltiples grupos ambientalistas ante las consecuencias que cada vez se vuelven más irreversibles. A esto se le suma que el 80% de la población total de Bogotá vive con déficit de áreas verdes, ya que de sus 19 localidades 13 presentaron esta faltante, más que todo en la zonas mayor pobreza; esto representa la poca capacidad de adaptación, mitigación y resiliencia frente a la crisis climática y recalca la forma en la que el incremento poblacional conlleva mayores presiones demográficas que se traducen en deterioro ambiental.Como ciudadanos, no podemos simplemente ignorar los constantes atentados que se cometen contra recursos naturales tan sustanciales como lo son los Humedales. Por ende, es de carácter urgente organizar la ciudadanía en pro de la conservación del humedal Juan Amarillo y una fuerte exigencia ante las autoridades gubernamentales; esto desde el conocimiento de su importancia biológica, el seguimiento de las intervenciones urbanistas y las graves consecuencias que estas trae para le medio ambiente y la humanidad; además de brindar un apoyo a organizaciones y grupos de influencia primordial que promueven y encaminan sus acciones al cuidado ecológico y protección judicial de estas zonas. Así pues, al ser un tema que nos afecta a todos, pero que también afectará a las próximas generaciones, es necesaria la formación de una conciencia ambiental y colectiva frente a la responsabilidad que tenemos de impedir que se sigan cometiendo la clase de ecocidios mencionados anteriormente.
