En el XXIV informe del Secretario General al Consejo permanente sobre La Misión de Acompañamiento y Monitoreo para el Proceso de Paz (MAPP) de la OEA ( 1° de febrero al 31 de agosto de 2017) se encontró que la dinámica del reclutamiento forzado o la vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) había incrementado en las zonas rurales apartadas que contaban con pocas oportunidades laborales o de desarrollo personal para los NNA. Asimismo, en el informe XXVII (1° de enero a 30 de enero de 2019) la SG/OEA manifestaba con preocupación que continúaban las dinámicas de reclutamiento forzado y la vinculación de NNA a grupos armados ilegales en zonas de influencia de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) en Caquetá, Meta, Guaviare, Cauca y Arauca y, de la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander, Antioquia, Bolívar y Chocó.

Una de las recomendaciones del informe dirigida a la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes (CIPRUNNA) incitaba a que se reforzara la política de prevención del reclutamiento, así como una articulación con los gobiernos departamentales y municipales, en adición de reforzar la política integral de juventud con miras a generar oportunidades académicas, culturales, deportivas y laborales. 

En el último informe (XXVIII) (1° de julio al 31 de diciembre de 2019) la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) identificó dinámicas de reclutamiento forzado y vinculación de NNA a grupos armados ilegales, sumado a dinámicas de vinculación y reclutamiento de NNA provenientes de Venezuela y Ecuador al ser percibidos por los grupos armados ilegales como grupos poblacionales con ventajas comparativas. En este informe también se reconocen los esfuerzos adelantados por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la ARN, el ICBF, la UARIV y CIPRUNNA encaminados a la prevención y atención del fenómeno de vinculación y reclutamiento forzado de NNA. En términos generales, a pesar de que los informes de MAPP/OEA han advertido con preocupación sobre las dinámicas de reclutamiento forzado en el territorio nacional, solo fue a raíz del escándalo desatado en noviembre de 2019, cuando el Ejército Nacional de Colombia bombardeó, a finales de agosto, un campamento de las disidencias de las Farc en San Vicente del Caguán en Caquetá en el que se encontraban 8 menores, que esta problemática entró en la agenda nacional. 

Informe sobre reclutamiento de NNA de la Procuraduría General de la Nación

En el informe sobre reclutamiento de NNA realizado por la Procuraduría General de la Nación, que se publicó en noviembre de 2019, se menciona que, a pesar de que hubo una reducción de casos de reclutamiento ilícito de menores de edad, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz estas cifras aumentaron en mayor medida. La Procuraduría a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la infancia, la Adolescencia y la Familia se ha encargado de hacerle seguimiento y monitoreo a la situación de los derechos de infancia, adolescencia y juventud a partir de los resultados que arrojaron las diferentes gestiones de las administraciones locales para el periodo 2016-2019. (Procuraduría, 2019)

La entidad reconoce que a nivel departamental fue menos prioritaria la prevención del reclutamiento que la atención a la población desvinculada, pues se registraron acciones entre 31,3% y 84% de los departamentos. En promedio las acciones estratégicas relacionadas con la atención de jóvenes desvinculados como el acceso a la educación, la atención integral, proyectos específicos de reincorporación, entre otros, fueron del 36,5% de los departamentos y el 7,5% de los municipios. (Procuraduría, 2019).

Para abordar las acciones que está tomando el Gobierno Nacional es necesario centrarse en la política pública que está vigente, puesto que el documento CONPES 3673 de 2010 con una vigencia prevista para cuatro años no se encuentra en vigor. Así, la línea de política pública, adoptada en 2019, en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacional con lo liderazgo de Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda consiste en la “Prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO)”. En la política pública se entiende por “reclutamiento” la separación física de su entorno familiar y comunitario para la participación directa de NNA en actividades bélicas o militares o en actividades tácticas, de sustento o cualquier otro rol en relación con los combatientes de GAO o GDO. También se entiende por “utilización” la participación indirecta de NNA en otras formas de participación o vinculación, sea permanente u ocasional, en los GAO o GDO. Finalmente, por “uso” se entiende las prácticas o comportamientos de quienes promuevan, induzcan, faciliten, financien, colaboren o participen en que los NNA intervengan en cualquier actividad ilegal de los GAO o GDO (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 2019). 

La narrativa política

El jefe de Estado, Iván Duque, en su discurso político ha reiterado los tres pilares de su programa de Gobierno, a saber: la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Con respecto a la legalidad ha manifestado que busca integrar la seguridad y la justicia para derrotar la criminalidad. El mandatario, asimismo, busca integrar la seguridad y la justicia para derrotar cualquier forma de criminalidad, al amparo del Artículo 2 de la Constitución, y luego afirmó que esta norma es el fundamento real de la construcción de paz, como lo ordena el artículo 22 de la Carta Política (Presidencia de la República, 2019). Como se mencionó anteriormente, en septiembre del año pasado (2019) el Presidente denunció la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con grupos narcoterroristas colombianos. 

A pesar de la alta desaprobación que tiene el mandatario, pues “según los más recientes resultados (27 de febrero) de la encuesta Gallup Poll el 71% de los encuestados desaprueba la forma como (Duque) está desempeñando su labor como presidente de la República, lo que significa el aumento de un punto respecto de los resultados de diciembre pasado” (El Espectador, 2019 ), es importante entender los pilares que sustentan su gobierno y que fundamentan el planteamiento de la línea de política actual para comprender las dinámicas políticas. La narrativa política de la nueva línea de política pública parte de que es una política preventiva y se basa sobre los pilares de la articulación de componentes institucionales y de componentes comunitarios. La parte institucional se refiere a los centros educativos, de salud, de cuidado, de defensa, entre otros. Mientras que la parte comunitaria se entiende como el entorno más próximo a los NNA como la calle, el transporte público, el vecindario, espacios de encuentro comunitario, es decir, que incluye redes familiares y comunitarias. Son medidas enfocadas a la reintegración social a nivel institucional y comunitario. En últimas, la narrativa política de la alternativa se basa en la visibilización y apropiación por parte de la comunidad de la problemática.

En términos generales, una de las grandes conclusiones de la Procuraduría es que los territorios en su conjunto no realizaron entre 2016 y 2019 un abordaje integral frente a la prevención del reclutamiento. Con respecto a la nueva línea de Política Pública adoptada por el Gobierno Nacional, en esta misma se reconoce que la información del problema sigue siendo escasa y sigue habiendo poca claridad sobre las rutas de prevención y una coordinación institucional. Finalmente la SG/OEA reconoce los esfuerzos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la CIPRUNNA pues comienzan a tener un impacto positivo, pero alienta a continuar con la creación y aplicación de las herramientas necesarias para implementar rutas de prevención, a reforzar las Redes de Protección Integral ya existentes, así como robustecer a la institucionalidad local con la presencia de las instituciones que integran la Comisión Intersectorial en aquellos municipios que aún no han recibido asistencia y continuar con el fortalecimiento de las acciones encaminadas a la atención de la población víctima de vinculación y reclutamiento forzado.