Silvia Villegas Mera
02.06.20

Farc como Estado

El Norte del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia, es un territorio de población mayoritariamente rural. Allí se halla el triángulo de oro del narcotráfico, compuesto por los municipios de Corinto, Toribío y Miranda – conocidos por ser el lugar de origen de la muy popular marihuana llamada “creepy”. Allá, como en muchas otras regiones periféricas de Colombia, la población percibe al Estado y a sus instituciones como entidades de las cuales no se puede esperar seguridad, o ayuda alguna. Al ser una región de ubicación geográfica que permite el fácil acceso al Océano Pacífico, este corredor norteño deviene particularmente estratégico e ideal para el tráfico ilegal de armas, así como de sustancias ilícitas. Por esta razón, a partir de los años setenta, distintos actores armados han ido transitando por estas montañas. 

Para grupos armados al margen de la ley - en ese entonces las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) - la entrada a estos territorios libres de la presencia del Estado siempre ha sido sencilla.  Sin embargo, más allá de lograr entrar a la zona, lo más tedioso ha sido mantener su control. Es justamente por esto que el territorio ha tenido una larga y compleja historia de enfrentamientos armados, pues en el triángulo han residido e interactuado distintos actores e intereses a través del tiempo. 

Sin embargo, antes de la firma de los Acuerdos de Paz, entender estas dinámicas entre los diferentes grupos de interés era más sencillo. Se trataba de campesinos, indígenas, afrodescendientes, paramilitares, y guerrillas; cada uno de estos grupos, la mayoría del tiempo, con luchas e intereses muy marcados. Particularmente, antes de la firma de los Acuerdos, las guerrillas - aunque vinculadas con el narcotráfico desde los años setenta- estaban aferradas a una lucha política y a la defensa de los campesinos. Asimismo, rara vez habían alianzas entre las distintas guerillas, pues sus intereses y formas de operar eran distintas.

Frente a la presencia de estos grupos al margen de la ley, gran parte de la población percibía que la intervención de la fuerza pública era ineficaz en la defensa del Triángulo y que, de hecho, empeoraba la situación de caos y violencia puesto que los enfrentamientos entre Ejército y guerrillas perjudicaban la vida social de la población (Moreno, 2008).

La entrada al triángulo de oro

La barrera presente entre el Norte del Cauca y el resto del país es lo que hace el análisis del conflicto en esta parte del territorio colombiano tan interesante. El triángulo ha sido por mucho tiempo altamente inaccesible a funcionarios públicos e instituciones dado que en él han existido gran cantidad de actores y actividades ilegales. A pesar de que esto también ocurría en la totalidad del departamento del Cauca, en el triángulo norteño la violencia logró integrarse con más vigor a la vida social. Esto significa que las interacciones entre los habitantes y los grupos armados o narcotraficantes son más que normales. 

Cualquiera que tome la vía de Cali al aeropuerto de Palmira por la noche podrá observar los famosos “pesebres”. Es decir, los cultivos de cannabis que están sembrados a largo y ancho de las montañas norteñas. En los cultivos de cannabis o de la hoja de coca están involucrados la mayoría de los grupos poblacionales del triángulo: los indígenas, los afrocolombianos, y mestizos. Algunos grupos están relacionados directamente con los actores armados ilegales, y otros no tanto. Sin embargo, todos están involucrados en las dinámicas de violencia de los grupos al margen de la ley. Lo anterior bien sea por cultivar, ser informante, sicario, miembro directo de una organización criminal, o por ser víctima de amenazas y extorsiones.  Por estas razones, a la hora de darle paso a cualquier persona externa al triángulo, los habitantes son desconfiados. Siendo la zona dominada por actores armados, la norma es percibir a cualquier visitante como una amenaza a las actividades de las organizaciones criminales. Esto se puede evidenciar cuando se está en el Cauca y se le pregunta a cualquiera sobre cómo ir a Miranda, Toribío o Corinto. Algunos no tienen respuesta y solo recomiendan no atravesar la frontera, otros dicen que hay que tener un contacto que ya tenga algún negocio establecido dentro del triángulo.

Para adentrarse en el territorio se debe recurrir a los siguientes pasos: Primero, entrar en contacto con alguien de confianza que habite o que sea conocido en la zona; segundo, solicitarle a esta persona ayuda para conseguir la autorización de atravesar las fronteras. Este permiso será válido por un plazo no superior a una semana. No obstante, si se logra entrar a la zona, es imposible pasar desapercibido, pues muchos se sentirán amenazados con la presencia de un intruso. Más específicamente, si el visitante no fue para comprar cannabis y, simultáneamente,  aportar a la comunidad, ¿qué está haciendo ahí? Una vez más, estando en el Cauca es muy probable que, si se pregunta por el triángulo, se revelen historias de cómo algunas personas iban a comprar cannabis - aprovechando los bajos precios - para venderlo por fuera de la frontera y los grupos armados lo ejecutaron. Pues dentro del triángulo, la norma es que cualquiera que quiera lucrarse con los bajos precios del cannabis, aporte a la comunidad a través de la compra de materiales escolares, realización de talleres con los niños, intercambio de saberes con las comunidades, y demás. Uno de los ejemplos más representativos de lo altamente cerradas que son estas comunidades frente a cualquier agente externo, es el de Mónica Blanco, la guía turística que fue amenazada y luego asesinada (Hernándes, 2018) por traer extranjeros al triángulo de oro y darles a conocer el otro lado de la frontera. 

Para ejemplificar mejor la situación, tuve acceso a fuentes (mantenidas en anonimato por cuestiones de seguridad) que, con fines de socializar proyectos de cultivo medicinal de cannabis dentro de las asociaciones indígenas, fueron otorgados el permiso para entrar al Triángulo de Oro. Accedieron a la zona tras la firma de los Acuerdos, pero esto nunca garantizó que el Estado llegara hasta esta zona históricamente dominada por las FARC, el M19 y las AUC. Por lo tanto, se puede decir que para esa fecha las cosas estaban casi iguales que cuando las FARC no había entregado armas.

Estas personas lograron permanecer dentro de las fronteras por un período de tiempo que no se puede revelar por cuestiones de seguridad, pero se puede decir que su estadía fue lo suficientemente larga para lograr entender un poco más de lo que pasa dentro del triángulo. Desde su perspectiva, las dinámicas entre estos diferentes grupos de interés son casi imposibles de entender. Sin embargo, según ellos, si existe algo claro dentro de todo este problema, es que los intereses económicos prevalecen sobre todas las cosas dentro de estas montañas. Cuentan que sus vidas corrieron peligro cada día. Al mezclarse los grupos armados entre sí e involucrar indígenas, afros y campesinos, la sociedad del triángulo norteño resulta ser altamente violenta y vengativa. El resultado: una infinidad de vínculos desconocidos y, por ende, de crímenes y asesinatos sin autor esclarecido. Un clima tan hostil, que no podían estar mucho tiempo por las calles del pueblo sin que las miradas y susurros empezasen. Un territorio tan permeado por la ilegalidad y la violencia, que las fuentes cuentan que en las tiendas donde atienden personas que parecieran del común, también se puede encontrar cannabis o cocaína a la venta.

De FARC a disidencias

Cuando las FARC entregó armas, la pugna por el control territorial y de los recursos se hizo más intensa. Quedó un gran vacío de poder que el Estado no supo aprovechar para empezar a tomar el control de estos territorios. Hoy, la región del norte del Cauca es un territorio en disputa por grupos ilegales emergentes y por narcotraficantes. Los grupos presentes son: disidencias de las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Pelusos, el Renacer Quintín Lame, el Cártel de Sinaloa y grupos paramilitares. En términos de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, son grupos “narcoparamilitares”. Estos últimos definidos por el ente como “una múltiple alianza entre grupos armados organizados para negocios ilegales, parapolíticos y negociantes de la paraeconomía, que cuentan con niveles de complicidad de agentes del Estado, incluidos miembros de la Fuerza Pública” (Espitia, 2018). 

Ahora, resulta fácil confundirse al tratar de interpretar las numerosas noticias que han cubierto este tema puesto que los medios, en un intento de reportar estas acciones ilegales, se mueven entre los términos “bandas criminales”(BACRIM), “guerrillas”, “Grupos Armados Organizados” (GAOs) o “Grupos Armados Delincuenciales” (GAD), entre otros nombres. Por otro lado, el Gobierno varía entre denominarlos GAOs, GAD o Grupos Armados Residuales (GAOR). Aquí no hay respuesta aún, sólo queda procurar entender lo que pasa en el Norte del Cauca, y en otras zonas abandonadas por el Estado, bajo la perspectiva de que cada uno de estos grupos refleja hoy un claro interés por los recursos del narcotráfico - intereses que trascendieron una inicial lucha política. 

El departamento del Cauca está presenciando los impactos negativos de la inefectiva implementación de los Acuerdos de Paz (Defensoría del Pueblo, 2018). Aumentó el crimen y la violencia; murió la esperanza de tener un país libre de su oscuro pasado. El regreso a las armas por parte de las disidencias de las FARC, así como su toma del control de los antiguos laboratorios y rutas de tráfico han cambiado la vida social en los municipios del departamento. No obstante, resulta interesante preguntarse cuáles son las consecuencias de la falla de la implementación de los Acuerdos para una zona como el Triángulo donde la violencia, la ilegalidad y la ausencia del Estado siempre han sido más altos. ¿Cómo han cambiando las dinámicas de violencia en el triángulo con la llegada de disidencias de las FARC al territorio? ¿Qué implicaciones tendrá para la vida social el hecho de que se diga abiertamente que la lucha de esta guerrilla ya no tiene nada político? ¿Qué podrá hacer el Estado para recuperar el territorio y traer consigo un viento de esperanza y seguridad?

Los laboratorios, cultivos, mano de obra y rutas de transporte quedaron abandonados tras la desmovilización de la mayoría de los frentes de las FARC-EP y esto es justamente lo que estos grupos armados residuales están terminando de recuperar, si no ampliar. Dado que hoy la esencia de su existencia y actividad no está orientada a la defensa de los campesinos ni al aumento de su participación en la esfera política y pública, resulta esencial preguntarse cómo se puede entrar en diálogo y negociaciones con estos actores. Considerando que en Colombia existen escasas oportunidades de romper la trampa de la pobreza y así tener una vida digna, ¿Sustituir los cultivos ilícitos, siendo estos la mayor fuente de ingresos de los GAOs, sería una oferta tentadora para su desmovilización? 

Es importante que este nuevo escenario de violencia esté sobre la agenda pública y social con el mismo nivel de importancia que el Proceso de Paz en su momento. Es preocupante que esto esté pasando, pero aún más aterrador que en el Norte del Cauca siempre haya sido así. Se ha normalizado el hecho de que los caucanos y habitantes de otras regiones de características sociales, económicas y geográficas similares dependan totalmente del mercado ilegal de la coca o del cannabis. El aumento en los asesinatos de líderes sociales, la toma total del control de ciertas regiones y, especialmente, la inefectiva intervención del gobierno han generando una ola de pesimismo en aquella parte de la sociedad que realmente tuvo fe de que, con el Proceso de Paz, iba a cambiar el rumbo del país. Sin embargo, como actores externos se puede generar presión para que este tema llegue a la agenda pública como el tema más urgente de resolver. Mientras estamos sentados, en plena cuarentena, disfrutando de un gran sentimiento de tranquilidad y seguridad, tenemos la tarea de recordar a aquellos niños y niñas en situaciones tan extremas como la del Norte del Cauca. Habiendo ya abierto los ojos ante la injusticia, esto no se puede callar ni menos dejar en el olvido.